Terrorismo de Estado: “violar a las mujeres era una forma de negar sus ideas”

Pareciera que hablar de la Dictadura Cívico, Militar y Eclesiástica que comenzó en 1976 es un abanico de posibilidades inagotables. Múltiples son los estudios e investigaciones que vislumbraron su ejecución y características, por más horrorosas que fueran. Y aún así, siguen apareciendo aspectos meritorios de ser estudiados por separado y con especial atención. Es este el caso de la violencia sexual: una práctica que fue sistemática en ese período y que, si bien alcanzó a hombres y mujeres, se ensañó fundamentalmente con estas últimas.  

Grupos como el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) en colaboración con la agrupación H.I.J.O.S. de Rosario asumieron la valiosa responsabilidad de abordar los hechos vinculados a los delitos sexuales, con una investigación en distintas provincias del país que dio como resultado el libro “Grietas en el silencio”. “Los delitos sexuales han sido una práctica mucho más común de lo que quisiéramos pensar”, señala la coordinadora nacional de Cladem, Adriana Guerrero.

Violencias machistas, violencias sexuales

De los estudios acerca del terrorismo de Estado quedó evidenciado que se trató de un plan sistemático de exterminio. Mientras los secuestros podían hacerse a la luz del día con total impunidad, las torturas se realizaban detrás de muros ensordecedores. Los Centros Clandestinos de Detención (CCD) eran espacios creados por los militares donde ninguna ley, derecho o moral tenían lugar. Un estadío de ilegalidad permanente. Esto daba lugar a la denigración más encarnizada contra la condición humana. Cuerpos maniatados, sucios, hambrientos, golpeados, quemados y moribundos yacían sin poder ver ni hablar. Según los datos obtenidos por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), el 30% de las víctimas alcanzadas por la dictadura fueron mujeres.

La necesidad de incluir una perspectiva de género en las investigaciones de los últimos años fue impulsada por agrupaciones feministas para vislumbrar aquellas agresiones con índole de género.

Pensar en los años 70 y 80 es hacerlo también en su contexto: no existían leyes avanzadas en lo que respecta a los derechos de las mujeres y, además, un sólido conservadurismo regulaba la vida de la sociedad. De esa forma se entiende que las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres fueron profundizadas durante la represión. Según Guerrero, durante el terrorismo de Estado las mujeres eran castigadas porque rompían con los parámetros de la época y no cumplían con el “deber ser” de la mujer. “La violación era un instrumento de dominación muy dirigido a ellas porque eran ‘transgresoras’”, explica.

En “Grietas en el Silencio”, la psicóloga Cristina Zurutuza expone que la sexualidad contiene los vínculos más primarios y sensibles de una persona, que conforman un núcleo importante de su identidad. Por lo tanto, los ataques a la sexualidad son extremadamente perturbadores a nivel emocional porque embisten directamente contra toda la integridad de un ser humano.

Entonces, si la violencia sexual es arrasadora en condiciones normales, es necesario pensar las consecuencias en un contexto de extremo desamparo para sus víctimas, como lo fueron las condiciones de los CCD.

A las mujeres las atacaban con especial énfasis por el solo hecho de ser mujeres, señala el estudio. La coordinadora nacional de Cladem expresa: “según los testimonios encontrados, les repetían cosas como: ‘con cuántos de tus compañeros te habrás acostado’, ‘ustedes son unas putas’, ‘ahora no vas a poder nunca tener hijos’. Porque para ellos las mujeres no tenían que ser militantes ni libres, no tenían que tener ideas revolucionarias ni participación, entonces una de las formas de disciplinamiento era la violación”. Añade además que se trataba de una práctica cotidiana que en muchas ocasiones se realizaba frente a los compañeros o parejas de estas mujeres, como símbolo de una disputa machista. “‘Yo tengo el poder sobre esta mujer’”, era el mensaje.

Según la referente, además de la violación, otros tipos de prácticas también se caracterizan como delitos sexuales, como la desnudez y abortos forzados. “Muchas mujeres ingresaron embarazadas a los campos de concentración y han sido torturadas hasta abortar a sus hijes”, sostiene. Fue común, además, que las torturas se realizaran con especial ensañamiento sobre la genitalidad de las mujeres: les picaneaban la vagina y los pezones.

Los delitos sexuales también se efectuaban sobre los hombres, aunque con connotaciones diferentes: “se los feminizaba para ponerlos en una situación de desventaja o disvalor. Los cuerpos abusados sexualmente de varones estaban sometidos, entonces el mensaje era ‘yo soy más macho que vos, mira lo que te hago’”, señala Guerrero.

Los efectos de una perspectiva de género 

Si bien muchas mujeres y hombres testimoniaron que habían sufrido ataques sexuales durante el terrorismo de Estado, estos delitos eran considerados como una más de las torturas ocurridas dentro de los campos de concentración, lo que terminaba por invisibilizarlos o neutralizarlos.

Con el correr del tiempo la figura del delito sexual empezó a ocupar un lugar incómodo. No podía seguir siendo tratado como un caso más dentro de muchos, sino como un delito aparte, específico. El arduo trabajo feminista lo consiguió. Fue en 2010 cuando se generó una nueva perspectiva que reconoce a esos actos como delitos de lesa humanidad. Antes de eso, “los jueces y fiscales tenían una ceguera absoluta de género”, sostiene Adriana. Este avance permitió la visibilización de las agresiones sexuales y, además, les brindó la oportunidad a más mujeres para que se animaran a denunciar sus situaciones.

Por otra parte, los juicios de lesa humanidad, instancias donde las víctimas de delitos sexuales debían contar el horror que atravesaron, eran poco amigables para su tranquilidad emocional. Para cambiar esta situación se generaron instrumentos que evitaran la revictimización. En 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán estableció un “protocolo para tomar declaraciones a personas que habrían sido víctimas de delitos sexuales en el marco de juicios de lesa humanidad”, que se implementó en los juicios posteriores generando situaciones más cómodas para quienes testimoniaban.

Según Guerrero, faltan muchos cambios para llegar a una justicia plena. Y eso será posible con la apertura de más juicios, imputaciones y condenas a los responsables. “Nosotras seguimos insistiendo en que los responsables de los delitos sexuales en los centros clandestinos son todas las personas que los tenían a su cargo. No es la responsabilidad solamente del ejecutor, sino de todos los que tenían a esas personas bajo su responsabilidad; por lo tanto, también deberían ser juzgados y condenados por este crimen en particular”.

El poder ilimitado que tenían los militares sobre los cuerpos de los y las detenidas llevó en numerosas ocasiones a la muerte. Hoy son 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos durante la última dictadura cuya lucha continúa vigente en la memoria de sus familiares, amigos/as y de quienes siguen trabajando para esclarecer la verdad y lograr la tan anhelada justicia.

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