La tarea de los Estados Unidos en la «Hidrovía Paraná-Paraguay» tiene objetivos materiales específicos como también simbólicos y generales, y, además, se da en un escenario de tensión social inmejorable para expandir y justificar su intervención en territorio nacional: el crecimiento exponencial de la violencia y el narcotráfico.
El control y la administración de la Vía Troncal Navegable viene siendo objeto de disputa entre EE.UU. y China desde que se acabó la concesión menemista a la empresa belga Jan de Nul, hace tres años atrás, la cuál todavía no se renueva debido a las negligencias y contramarchas del gobierno de Alberto Fernández. Con la oficialización del la intervención militar yanqui, Estados Unidos entraría de manera directa a ostentar su influencia sobre la administración -aún -«estatal» de los dos ríos más importantes del país (Paraná y de la Plata). Ya no solo de manera indirecta con sus empresas agroexportadoras (como Bunge y Cargill) que hegemonizan los puertos privados argentinos.
A su vez, sería una victoria sobre los planes chinos de expandir su control sobre esta vía clave en sus planes de la nueva Ruta de la Seda, que sin embargo, continúa con gran éxito, incluso superando al comercio occidental. Pero sobre toda cuestión, el avance yanqui no significa otra cuestión que la entrega de la soberanía nacional en su máxima expresión.
Previamente, el Gobierno Nacional allanó el camino al firmar con Uruguay la ampliación del Puerto de Montevideo y el Canal de Punta Indio, en detrimento del Canal Magdalena y los puertos nacionales, evidenciando su obediencia debida a intereses foráneos y antinacionalistas. Recordemos que el Gobierno de Uruguay tiene excelentes relaciones con el Reino Unido, quien suele usar al país vecino como escala para sus vuelos a las Islas Malvinas.
A la ya grave situación de entrega de las vías fluviales a EE.UU. y Occidente, se le suma la arbitraria decisión inglesa de ampliar 166 mil km2 de territorio marítimo circundante a las Islas Malvinas, que se agregan a los 283 mil km2 sobre los que ya regía la exclusión británica hacia la navegación y la pesca. Negocios concentrados al máximo ahora por orden pirata, luego de que su economía entrara en recesión hace unas semanas atrás.
A su vez, la visita del Canciller británico David Cameron a nuestras islas dejó entrever el avance en la construcción de un puerto comercial en el archipiélago, que no solo permitirá la edificación de instalaciones para el avance del extractivismo pesquero y petrolero en la región, sino en la infraestructura de acceso y la calzada hacia la «Puerta de la Antártida», territorio argentino disputado con Inglaterra, quien avanza con la plena predisposición del Gobierno Nacional.
En este sentido, los planes norteamericanos e ingleses de avanzar sobre ríos y el Mar Argentino -tal como hace más de dos siglos lo intentaron justamente los piratas junto a los franceses-, encuentra en el Presidente Javier Milei, seguidor de Margaret Thatcher, a su mejor y más obediente aliado.
Narco-estados si los hay, ¿militares también?
En el convenio firmado con Estados Unidos mencionado al principio, las partes también adelantaron que explorarán futuras colaboraciones en materia de seguridad para enfrentar «desafíos comunes en la protección de operaciones portuarias y de navegación».
Con la excusa del «combate al narcotráfico», la cuál ahora es entendida como una «guerra» contra el «narcoterrismo» -tal como lo señala la doctrina de seguridad norteamericana difundida y aplicada en Colombia, Ecuador y México- el Gobierno Nacional llevará adelante la militarización de la ciudad de Rosario, a pesar de la negativa de los altos mandos de involucrarse de lleno en el territorio santafecino.
Como venimos señalando desde esta columna, la expansión del narcotráfico en la ciudad de Rosario (como en ninguna otra ciudad del país), tiene un porqué: los puertos privados. A través de estos se transportan cada año, miles de toneladas de cocaína y distintos productos ilegales del narcotráfico y el crimen organizado, los cuales involucran a un interesante y heterogéneo entramado de responsabilidades, las cuáles van desde los representantes del Estado santafecino y el ejecutivo rosarino al empresariado privado trasnacional, las bandas y grupos narcotraficantes, las fuerzas de seguridad, y la justicia provincial.
La disputa principal entre los distintos actores involucrados en el narcotráfico se centra -no tanto en el control y disputa sobre los territorios barriales, como señalan los gobernantes locales y extranjeros- sino principalmente en la influencia y el poderío sobre estos puertos, hoy en manos de empresas trasnacionales privadas (estadounidenses y occidentales).
En este sentido, Estados Unidos pareciera mostrar un particular interés por monopolizar el transporte legal e ilegal de mercancías que circula, acaparando un territorio clave, que, de militarizarse por el momento, les garantizaría un control pleno y absoluto sobre adversarios locales y extranjeros.
La militarización de Rosario anunciada por el Gobierno Nacional, ¿es el experimento o prueba piloto de un plan de intervención militar más allá de las fronteras santafecinas? ¿Es la «inseguridad» nuevamente el caballo de Troya de la ultraderecha para justificar una represión nacional, en caso de un estallido social que perciben como inevitable? ¿La presencia militar yanqui sobre territorio nacional es el «plan B» para garantizar el fugaz saqueo de los bienes comunes naturales, ante la posibilidad de un levantamiento popular tal como sucedió en Ecuador y Perú en los últimos años?